Consideran la pena de muerte y cadena perpetua para los criminales y denuncian que gobierno muestra incapacidad y posición pusilánime frente a la inseguridad ciudadana

LIMA, 3 MAR – José Tísoc Lindley, Regidor Metropolitano y Exdirector General de la Policía Nacional del Perú (PNP), analiza con preocupación el avance de la delincuencia en la capital y en el interior del país, afirmando categóricamente que está de acuerdo con la pena de muerte y la cadena perpetua para los criminales que no respetan la vida y los derechos humanos.

-¿La extorsión se ha convertido en el principal mal de la ciudad de Lima… qué le parece?

-Qué pasa cuando una bola de nieve se le deja rodar por una ladera; crece y toma volumen. Los efectos que causará cuando caiga serán de un desastre total. Eso es lo que ha pasado en nuestro país…el crimen ha crecido exponencialmente a vista y paciencia no sólo de los ciudadanos, sino también de las autoridades, que por razones incomprensibles y a las cuales no le encuentro lógica, no reaccionaron ni asumieron su responsabilidad funcional constitucional como estaban obligados, para responder con eficiencia y efectividad al problema de la inseguridad y la violencia en forma rápida, adecuada y oportuna.

Por eso, las consecuencias las vemos ahora y están plasmadas en extorsiones y asesinatos por encargo o amedrentamiento que se ejecutan por el solo hecho de no pagar cupos a los delincuentes;  estos efectos tienen responsables directos. Primero, en el Gobierno por su visible incapacidad y posición pusilánime frente al problema de la inseguridad y la violencia, y, segundo, en los Operadores y Administradores de Justicia que pese a que tienen una misión específica señalada explícitamente en la Constitución, lejos de no cumplirlas y de funcionar como  un sistema que sirva de escudo protector al Estado y sus integrantes, más bien se enfrascan en no interactuar; se obstaculizan y lo peor, dan muestra de corrupción y estar de algunos  involucrados en actividades ilícitas contrarias a su razón de ser y existir.

-¿Qué acciones se deberían tomar para acabar con este flagelo?

-Tenemos que ser conscientes que no existen fórmulas mágicas ni puede existir un copia y pega teórico o retórico para terminar con un problema tan grave como es el crimen organizado y la violencia extrema, que nos ha llevado a una etapa de tan cruel como la que atravesamos en la década de los 80 y 90, con una delincuencia que usa métodos y procedimientos de terror para inducir al ciudadano a la sumisión y el cumplimiento de las exigencias delincuenciales.

La primera medida tiene que partir del Gobierno y del Poder Legislativo, es la de dictar una Ley Especial para Operadores y Administradores de Justicia, que son la columna vertebral del Sistema de Seguridad para el Estado. Es necesario que funcionen bajo un régimen especial, considerando su condición supra ciudadana al estar investidos de autoridad y poder para hacer cumplir la ley a los ciudadanos, que motiva a que sus integrantes representen el ejemplo del cumplimiento de la ley, y que cualquier acción negativa que cometan en el ejercicio funcional, ya sea participando en hechos delictivos o integrando organizaciones criminales, sean sancionados drásticamente con una doble pena, debido a que sus malas actuaciones como autoridad, están revestidas de alevosía, premeditación y ventaja. Asimismo, que en dicha ley se señale los procedimientos de intervención, obligaciones de coordinación, responsabilidades y sanciones, para evitar el obstruccionismo y las contradicciones en el debido proceso investigatorio y de juzgamiento, porque actualmente su accionar permite la impunidad en los hechos.

La segunda está relacionada al equipamiento de protección personal para los policías que operan bajo presión y riesgo permanente en las calles, al enfrentar directamente el accionar delictivo, lo que requiere también el respaldo legal y los procedimientos a seguir en sus intervenciones.

La tercera medida está orientada a contar con una Central Operativa Policial y de Seguridad tipo C5 ó 911, dotada de todos los sistemas tecnológicos modernos para la prevención y ejecución operacional de las intervenciones solicitadas por los ciudadanos, tanto para Seguridad Publica, como la Ciudadana, que permitan orden y registro, estadística inmediata, la actualización y formulación constante del mapa del delito y hechos para un mejor planeamiento y ejecución estratégica del patrullaje policial y de los estamentos para la atención de emergencia y urgencias solicitadas por el ciudadano  (Bomberos, SAMU, servicio de agua y alcantarillado, servicio eléctrico, etc). Sin esta medida es como jugar ajedrez con los ojos vendados.

La cuarta medida esta destinada a reforzar nuestra labor de inteligencia operativa y la creatividad profesional y legal, para lograr información valiosa y oportuna y poder actuar de inmediato sobre las organizaciones delictivas, no solo para la flagrancia, sino también dentro del marco legal de la conspiración delictiva.

La quinta medida consiste en el ordenamiento administrativo operativo de la Policía para su ejercicio funcional, dentro de parámetros de modernización organizacional y potenciamiento procedimental para sus intervenciones; quiere decir que no se puede tener muchas comisarias, sino la necesarias para realizar una función administrativa-operativa dentro de una jurisdicción política territorial como es el distrito y menos separar la función de prevención de la de investigación bajo conceptos y preceptos equivocados.

Como ejemplo tenemos Lima Metropolitana, que tiene aproximadamente 140 comisarias que atomizan el presupuesto en mantenimiento, servicios básicos, etc., y el empleo del personal en labores administrativas y de seguridad de los locales y si a esta situación se le suma  25 DIPINCRIS que realicen investigaciones al igual que las comisarías pero en un segundo nivel. Solo burocratizan, ya que Lima Metropolitana tiene 43 distritos. El ordenamiento obedece a que es necesario retomar el control territorial y el conocimiento de su integridad, social, económica y delictiva para poder actuar.

-¿Como ha evolucionado este delito en la ciudad de Lima y en qué medida influyen los delincuentes extranjeros?

-El delito va en relación directa de lo que se haga o se deje de hacer para combatirlo; su peligrosidad aumenta cuando no se estudia, analiza y se va midiendo la forma como progresa, los factores internos y externos que influyen en su desarrollo y no se toman medidas. Esto empeora cuando las decisiones políticas de gobierno no avizoran los efectos, como en el caso de la migración sin control y sin medida que se ve con la llegada de venezolanos, colombianos, haitianos y diferentes masas extranjeras, dentro de los cuales se filtran delincuentes con nuevas modalidades y procedimientos sanguinarios que no solo afectan a la población nacional, sino que crean escuela de procedimientos violentos mas efectivos para conseguir sus fines delictivos.

-¿Está de acuerdo en que sean deportados los indocumentados y delincuentes extranjeros, como una medida para vencer a la extorsión y el sicariato?

-Por supuesto que estoy de acuerdo con la deportación de indocumentados y delincuentes extranjeros. El indocumentado se vuelve una carga social para el Estado y termina delinquiendo por diversas razones y el delincuente viene solo a delinquir e introducir y desarrollar nuevas modalidades con procedimientos más violentos de los que existían y creando escuela de transferencia en el delincuente nacional.

-Se pide cadena perpetua, pena de muerte y reclusión en lugares inaccesibles de la selva, tipo el Cepa de antaño… ¿qué reflexión le merece?

-Creo que todo delito debe pagar su pena y la pena va en relación directa al daño que se hace, la forma como se actúa y el sufrimiento que se imprimió en la víctima, como la habitualidad del criminal y las posibilidades de rehabilitación. Estoy de acuerdo con las cárceles de máxima seguridad y aislamiento para quienes las posibilidades de rehabilitación son pocas y estoy de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte para todos aquellos que actúan con ferocidad y crueldad con las víctimas, porque expresan ausencia de sentimiento humano y en donde las posibilidades de rehabilitación no existen.

-¿El Tren de Aragua y otras bandas son consideradas como organizaciones terroristas…qué haría usted con ellas?

-El Tren de Aragua es una organización criminal que utiliza métodos y procedimientos terroristas. Considero que el terrorismo que se deriva del término terror, que significa infundir miedo muy intenso o pánico, para influir y someter en el ánimo de una persona y poder obtener de ella el fin que persigue, llegando inclusive a los más inhumano como es el secuestro, la mutilación física, el daño psicológico y la muerte. Todo con alevosía, premeditación y ventaja. Por consiguiente, los considero una organización criminal que utiliza el terrorismo como método y procedimiento de su actuar delictivo. Sus integrantes no tienen posibilidades de rehabilitación y solo tienen dos posibilidades reales por parte del Estado, la prisión en cárceles de máxima seguridad y aislamiento o la pena de muerte, de acuerdo al rol que desempeñaron en la organización criminal.

-¿Finalmente, qué opinión le merece la inacción del Gobierno Nacional sobre la delincuencia y el pedido de relevo del Titular del Interior?

-Este Gobierno se está caracterizando por ser pusilánime e incapaz. No se entiende si es por ignorancia o por intención, ya que tiene todas las herramientas necesarias y el poder a la mano para hacer lo adecuado y cumplir con los fines esenciales del Estado como son el Bienestar y la Seguridad General. Pero da muestras de insolvencia moral porque muchos de sus integrantes están siendo acusados de actos de corrupción y sometidos a procesos de investigación eternos, como en los gobiernos anteriores.

En cuanto al Ministro del Interior Juan José Santiváñez, creo que habla mucho tratando de demostrar lo que hace y se ve poco en contrastación a lo que habla; debe aprovechar el apoyo que le está brindando el Alcalde de Lima Rafael López Aliaga, con la asignación de más de dos mil motos y vehículos para brindar un mejor patrullaje preventivo y de actuación policial ante pedidos de la ciudadanía.